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Con formación integral, SENA combatirá violencia contra la mujer
 
 

En Colombia la laxitud de las leyes ha permitido el crecimiento desmesurado de acciones contra la integridad de la mujer. Sólo durante el último año, El Instituto Nacional de Medicina Legal obtuvo un registro oficial de 51.182 casos de representantes del sexo femenino maltratadas.

 

Las acciones mayormente reportadas son el maltrato físico y sicológico; el principal agresor, en el 82% de los casos, fue el compañero sentimental de la víctima (ver cifras generales de agresión en Colombia).


Pese a que desde 1996, la violencia intrafamiliar en Colombia se elevó a la categoría de delito, las penas contra el agresor, configuradas a través del Código Penal, van de uno a tres años, lo que reduce el atentado a una falta menor, conciliable y excarcelable. Y sólo si el caso llega a las instancias judiciales, el victimario podría llegar a ser condenado, pero recibiendo el beneficio  de casa por cárcel.

 

Con este panorama a cuestas, la bancada femenina en el congreso propuso un proyecto de ley que busca judicializar y convertir los atropellos contra las mujeres en hechos no excarcelables.

 

“Lo que busca el proyecto es quitarle carácter de ‘querellable’ a la violencia intrafamiliar; ésto quiere decir que no podrá conciliarse, que no se puede desistir de la denuncia y que el hecho se podrá conocer de oficio; ésto va  a ser un mecanismo fundamental para la protección de la violencia intrafamiliar en Colombia, afirma la Alta Consejera de la Presidencia para la Equidad de Género, Cristina Plazas Michelsen.

 

Será sin duda, explica, “un mecanismo que avalará el derecho constitucional que aboga por la igualdad de género, pero debe ir acompañado de la denuncia de la afectada y acciones de formación que desde la primera infancia, hagan entender y atender entre los niños el respeto hacia la mujer y el rechazo a cualquier forma de violencia”.



 Justicia en deuda


Para la abogada y activista de la ONG Mujeres en Red, Mónica Roa, la formación en principios y valores, podría eventualmente convertirse en el mejor ‘antídoto’ contra un mal que ha permeado todos los estamentos de la sociedad colombiana, pero más aún, Roa apoya la iniciativa de  crear leyes a partir de las cuales se judicialice a los victimarios.

 

“Es cierto que los fiscales y jueces tienen una deuda pendiente en la lucha contra la impunidad de la violencia contra la mujer, pero en esta lucha también deben estar presentes docentes, historiadores, profesionales de la salud y todos aquellos individuos que con su trabajo puedan resignificar el valor de las mujeres como sujetos de derecho, con igual dignidad en nuestra sociedad”.


Mientras se materializa esta normatividad en Colombia, los casos de violencia contra la mujer continuarán considerándose una simple lesión personal, por eso no son reportados en su totalidad y cuando lo son, como no están tipificados como delitos mayores, se convierten en hechos que se purgan extra muros, lo que hace que los agresores continúen libres por la calles.

 

“Los esfuerzos de adopción de legislaciones y convenciones internacionales que buscan la prevención, investigación y sanción de este problema no han infiltrado aún la cultura jurídica ni la vida diaria de muchas personas”, concluye la especialista.

 

 

El SENA, un reflejo a escala


En la Entidad como en el resto del país, la tendencia generalizada de las mujeres víctimas de agresión sigue siendo la del silencio, por vergüenza o porque la denuncia, además de ser un trámite engorroso, tiene pocas posibilidades de prosperar. Ésto impide contar con un registro oficial que dé cuenta de la magnitud real del problema.

 

“Sin embargo, tenemos casos aislados como el de una aprendiz que no solo ha sido víctima reiterada de agresión en el seno de su familia, sino que posteriormente, ha sido sometida a un hecho de violación”, asegura la sicóloga Sandra Janeth Blanco, profesional de uno de los centros de formación, en zona de provincia y encargada del caso.

 

“Desde Bienestar continuamos brindando asesoría y acompañamiento a ésta aprendiz, logrando un empoderamiento de su rol como mujer al igual que el fortalecimiento de  su autoestima y trabajando a la par con los profesionales  de la Comisaría de Familia, donde se radicó el caso”, aclara la profesional.  


Actualmente, la Coordinación de Bienestar de la Dirección General, trabaja en la consolidación del registro de los casos de violencia, que se presentan internamente en cada uno de los 117 centros de formación, con el propósito de establecer los lineamientos que permitan direccionarlos a las entidades competentes.

 

“Esto nos permitirá establecer un diagnóstico más real del problema a nivel nacional y establecer acciones de prevención que permitan minimizar su impacto. Adicionalmente, servirá para remitir a las víctimas en sus procesos de asesoría sicológica y jurídica en la medida que sea necesario”, advirtió Andrea Dávila, especialista en Resolución de Conflictos de la Coordinación de Ética y Bienestar.   

 

 

Integralidad en la formación


Para atacar el problema desde la raíz, y desde el campo de su competencia, el SENA viene implementando una estrategia nacional, basada en la integralidad de sus procesos de formación, la cual aboga por inculcar valores de respeto a la vida e involucra acciones pedagógicas entre las familias de  los aprendices y  su entorno sociocultural.

 

En este sentido, el proyecto gestado bajo el nombre de ‘SENA Reconciliado y en Paz’, pretende “articularnos como país, buscando identificar componentes y acciones que todos los centros de formación deben garantizar para ser un territorio permanente de paz”, explica el Capellán de la Dirección General del SENA, Padre Diego Luis Rendón. 

 

El proyecto, que busca articularse a las estructuras curriculares en todas las formaciones técnicas, tecnológicas y aún no formales, pretende contribuir a la formación de mejores seres humanos y mejores ciudadanos, fortaleciendo valores como la tolerancia, la solidaridad y la convivencia como un proyecto de vida que le permita a los aprendices estar en paz con ellos mismos y con los demás.

 

La estrategia, constituye la mejor forma de prevenir y sensibilizar a los aprendices frente al uso de la violencia en la solución de conflictos, “a partir de aquí estaremos sembrando la semillita del respeto al derecho fundamental a la vida, porque es en la formación desde donde se combaten los malos hábitos”, puntualiza el padre Rendón.

 

 

El maltrato en cifras


Según el más reciente reporte oficial de Medicina Legal en Colombia, durante el 2010 fueron agredidas 51.182 mujeres.

 

Las cifras demuestran las  más altas frecuencias de  agresión  entre  los cónyuges. En total, 21.156 compañeros permanentes maltrataron a sus parejas; en su orden continúan los esposos, con 12.841 casos; y finalmente los ex compañeros sentimentales, con un total de 8.208 casos.

 

El estudio de Medicina Legal, muestra otra forma de violencia al interior de los hogares, donde  los hermanos se convierten en los mayores agresores de las mujeres  con un total de  3.016 casos reportados, le siguen los cuñados con 1.624 denuncias y llama la atención como incluso los propios hijos se convierten en verdugos de sus madres con un total de 1.190 casos.

 

La misma investigación señala que los fines de semana es cuando se registra el mayor número de agresión contra las mujeres, especialmente el domingo, día en el que fueron registrados 12.562 casos.

 

La hora en que se concentraron más actos de violencia fue entre las 6 p.m. y el filo de la noche. La casa sigue siendo el escenario común, lugar en el que se materializaron 334.335 agresiones.

 

Respecto a los meses, Medicina Legal afirma que hubo una alta concentración de denuncias de hechos ocurridos entre enero y mayo, aunque el resto del año la tendencia se mantuvo.

 

El maltrato al género femenino, mayormente frecuente entre las de edades de 25 a 29 años, incluyó armas y  diferentes objetos. El mecanismo más común fue el contundente, seguido del corto-contundente y el cortante.

 
    
 
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